Escala Crítica/Columna diaria
*Necesario modificar las leyes para tránsito de personas
*La ruta de los expulsados, obstáculos y graves peligros
*Plagiarios: más de cien años de prisión; mejorar el combate
Víctor M. Sámano Labastida
EN DICIEMBRE del año pasado una caravana de dolientes cruzó Tabasco. Las Madres Centroamericanas realizaron su noveno recorrido por varios estados de la República Mexicana en demanda de la búsqueda y localización de sus familiares migrantes desaparecidos. Al igual que en aquella ocasión, el fraile Tomás González encabeza ahora una movilización denominada “Viacrucis del Migrante”. El objetivo: un trato digno a los trasterrados, en particular de aquellos que ingresan a México sin documentos.
Hace unos días se realizó en Villahermosa un “Foro de la Frontera Sur”, promovido por el Congreso local. Legisladores, autoridades y representantes de organizaciones no gubernamentales concluyeron en la necesidad de una coordinación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil para promover el respeto a los migrantes, así como proyectos de desarrollo en la región. Un tema central es la seguridad.
FRONTERA CALIENTE
UN REPORTE del Instituto Nacional de Migración indica que en 2010 cerca de dos millones de extranjeros ingresaron a México por la frontera sur. Se calcula que 320 mil son centroamericanos. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2008 a 2011 las bandas criminales secuestraron a 20 mil de estos nómadas a su paso por nuestro país.
La CNDH documentó entonces que Veracruz y Tabasco tenían los más altos registros de migrantes secuestrados. En estas dos entidades ocurría más de la mitad de los plagios (55%). Esta ruta del suplicio incluye por orden de riesgo a Tamaulipas, Puebla, Oaxaca, Sonora y Chiapas.
También se tenía noticia de desaparición de extranjeros en Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Tlaxcala.
Para organismos independientes, la realidad es más dramática todavía. En agosto de 2013, el Tribunal Permanente de los Pueblos denunció que de 2007 a esa fecha, más de 100 mil migrantes habían sido secuestrados, violados y extorsionados en territorio mexicano, unos 70 mil habían desaparecido y 24 mil habrían sido sepultados en fosas comunes.
Usted recordará que inquietante y vergonzoso fue constatar las masacres en San Fernando, Tamaulipas. Sucesos más allá del horror.
Camilo Pérez Bustillo, del Tribunal Permanente sostuvo que esta ola de extermino no es casual. Obedece, dijeron, a una política de contención del gobierno de Estados Unidos. Los controles y ordenamientos migratorios ponen énfasis en la militarización y en la criminalización.
Entre los hechos trágicos se cuentan la mutilación que sufren al utilizar el ferrocarril de carga conocido como “La Bestia”. No hay cifras oficiales, pero más de cinco mil personas han quedado mutiladas en los últimos 20 años al accidentarse en su viaje por tren.
La caravana “Viacrucis del Migrante” compuesta por activistas y familiares de centroamericanos salió de Tenosique. Ayer estuvo en Veracruz. Una buena parte de los movilizados pretenden cubrir la ruta del éxodo hasta la frontera norte. A su paso por Tabasco recibieron el apoyo del gobierno estatal con transporte, alimentos y asistencia médica. Por supuesto que hace falta más.
Una política que incluya a todos los órdenes de gobierno y convenios internacionales para garantizar el libre tránsito de personas. Con el Tratado de Libre Comercio (TLC) se otorgaron más garantías para el traslado de mercancías, pero incrementaron los obstáculos para la gente. A pesar de que la nueva dinámica de inversión tendría como resultado a millones de desempleados y desplazados. Tabasco está en el centro de ese conflicto.
PRISIÓN (CASI) VITALICIA
OTRO asunto prioritario para Tabasco es la seguridad. Sobre todo el combate al secuestro. Esta entidad figura entre los diez estados con mayor incidencia de plagios. Por eso resulta relevante observar el curso de las reformas aprobadas por el Senado de la República. Con una votación de 61 a favor, 22 en contra y cinco abstenciones acordaron que se aplicarán penas hasta por 140 años de prisión en contra de quienes priven ilegalmente de su libertad a las personas.
El principal promotor de la reforma, Omar Fayad (PRI), sostuvo que con esta y otras medidas “estamos mandando el mensaje a la sociedad de que nos preocupa la inseguridad en que vive”.
Hasta antes de las reformas a la Ley General antisecuestro en 2010, no existían acuerdos formales y obligatorios de coordinación entre los gobiernos federal y estatales para los “delitos de alto impacto”. Incluyen el homicidio y la extorsión.
Ahora, las penas por secuestro –según la gravedad del caso- irán de 50 a 140 años de cárcel.
En entidades como Nuevo León y el estado de México las legislaciones locales contienen hasta prisión vitalicia para los plagiarios. Un hecho relevante es que precisamente Nuevo León, junto a Chihuahua y Puebla, han recibido el reconocimiento federal por contar con estructuras operativas eficientes en sus unidades antisecuestro.
Como ocurre en este tipo de asuntos, el debate por los derechos humanos contrapone los derechos de las víctimas y de los victimarios. Sin duda que el Estado debe colocarse del lado de quien es sujeto de una acción ilegal o injusta.
Datos recientes indican que de 2012 a 2013 los secuestros incrementaron en un 32 por ciento. En los primeros meses de este año hay reporte de un 11 por ciento de más plagios que en el periodo anterior. De todas formas, existe una “cifra negra” por aquellos ilícitos no denunciados.
AL MARGEN
UN EMOTIVO y muy merecido homenaje se rindió ayer en el Palacio de las Bellas Artes (DF) al escritor Gabriel García Márquez. En casi todos los países de habla castellana hubo actos en memoria del autor de Cien Años de Soledad, una obra que traducida en más de 40 idiomas y con más de 50 millones de ejemplares impresos. En vida, García Márquez pudo ver la publicación de unos 40 libros con sus escritos, sin contar los innumerables ensayos y estudios sobre su labor.
UN CAMBIO importante de conducta, percepción y trato respecto a los migrantes sin documentos es dejar de llamarlos “ilegales”, término que de entrada los criminaliza y discrimina. Los cambios también comienzan por el lenguaje.
¿VUELTA a los éxodos? La diputada Verónica Pérez Rojas anunció que representantes de “más de 80 comunidades” podrían marchar al Distrito Federal para pedir la intervención del presidente Enrique Peña Nieto en sus reclamos por afectaciones de Pemex. (
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