Escala Crítica/Columna diaria
*Antes del inicio del proceso de 2015, otros árbitros
*No sólo fuera de los comicios; una posible acción penal
*Frenado, por ahora, el intento de censura a Internet
Víctor M. Sámano Labastida
DESPUÉS de la derrota del PRI en las elecciones de julio del 2012 en Tabasco se podía asegurar que los días de los consejeros electorales del Instituto Estatal estaban contados. Históricamente desde que la oposición de izquierdas en la entidad logró un especio decisivo en las votaciones, el tricolor en el poder ofrecía a cambio de cierta tregua la modificación de las leyes electorales y el relevo de consejeros. Las reñidas elecciones federales del 2006 y 2012 también significaron una seria presión para el IFE al grado de su desaparición reciente.
Cuando Arturo Núñez tomó posesión del primer gobierno de la alternancia anunció que de conformidad con el Pacto Por México, firmado por los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, así como por el presidente Enrique Peña Nieto, gestionaría para que las elecciones de Tabasco fueran organizadas por el IFE o por el aún en construcción Instituto Nacional Electoral.
SOBERANÍA FICTICIA
A FINALES del año pasado, por lo menos 17 congresos estatales se pronunciaron contra el nuevo instituto electoral único. Criticaron de centralista y violatoria de la soberanía de los estados la posibilidad de que desaparecieran los 32 institutos estatales.
Una encuesta realizada por el diario Excélsior concluía que únicamente los presidentes de los congresos estatales de Aguascalientes, Baja California, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, apoyaban la creación del INE. Les faltó incluir al de Tabasco que por su mayoría antipriísta respaldaba la desaparición del actual consejo estatal electoral.
Los presidentes de los congresos estatales que rechazaban la sustitución de los órganos estatales eran los de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz.
También se opusieron -por lógica- la mayoría de los consejeros electorales estatales. Una agrupación denominada Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos y Consejos de las Entidades Federativas (APPICEF) que integra a 25 organismos estatales –hasta donde se sabe no incluye a Tabasco-, también se manifestó contra la modificación que implicaría la desaparición de estas oficinas.
En el mismo sentido se manifestaron -¡por supuesto!- los integrantes de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana (ATSERM).
Los argumentos parecerían irrebatibles si en realidad se tratara de la defensa de la legalidad y la soberanía, si estuviéramos ante auténticos representantes de los ciudadanos. Lamentablemente, no pocos de los tribunales y de los consejos electorales se ganaron a pulso la desconfianza.
MALA CONDUCTA
EN EL CASO de Tabasco resulta innegable que el actual consejo ha propiciado no sólo la crítica explicable a la que se somete un árbitro, sino que de acuerdo a las denuncias públicas y formales contra integrantes del Instituto Estatal (IEPCT) ahí se han cometido delitos como fraude, peculado y tráfico de influencias. El más escandaloso, pero no el único, es la adquisición de un edificio a sobreprecio e inadecuado para las funciones requeridas.
Por extrañas razones los diputados locales no actuaron con oportunidad y firmeza. La calificación de la cuenta pública del IEPCT dejó la impresión de que se negociaba la impunidad. Esto fue también ocasión para que todos los consejeros resultaran señalados aunque sólo unos cuantos comparten la responsabilidad directa de los delitos.
No se extrañe lector si ahora la bancada del PRI –con cuya mayoría llegaron los actuales integrantes del IEPCT, aunque con “concesiones” a la entonces minoría perredista-, argumenten que una acción penal ante evidentes irregularidades son “cacería de brujas”.
Según ha trascendido, en breve tiempo los consejeros serán destituidos. Malo sería que la autoridad se prestara a una negociación de no proceder legalmente a cambio de un “digno retiro”. O para evitar una demanda de “indemnización”.
Aunque por el momento los consejeros del IEPCT buscan ampararse en la decisión del nuevo INE de mantener a las autoridades estatales electorales en sus puestos, es importante señalar que no todos los casos en la República son iguales y hay algunos –como el señalado en Tabasco- donde una limpia es obligada antes de los comicios del 2015.
LIBERTAD Y CENSURA
UNA INTENSA respuesta hubo de diversos sectores al intento de limitar los accesos y contenidos en las redes de Internet, de acuerdo a la propuesta de Ley en Telecomunicaciones. El presidente de la Comisión del Senado a cargo del sector Javier Lozano (PAN) anunció que quedaría fuera de la discusión de los legisladores todo los asuntos relacionados con Internet.
Habrá que recordar que no es la primera vez que se intenta limitar, obstruir, censurar, condicionar, el uso de las redes virtuales. Algunas veces con el argumento de la seguridad pública otras con el pretexto de la seguridad nacional.
No sólo a nivel federal sino también estatal se ha pretendido evitar la libertad plena –“libertinaje” dicen algunos-, en un medio que oscila entre los privado y lo público. Los gobiernos de Veracruz y Tabasco, por sólo citar dos casos, buscaron castigar el uso de las “redes virtuales” por presuntas acciones terroristas.
En 2009 a nivel federal el mecanismo buscado fue un impuesto especial para limitar el acceso a esta nueva herramienta de comunicación; en el 2012 fue firmado con Estados Unidos el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA), que contenía compromisos para penalizar el intercambio de material con el pretexto de los derechos de autor; en 2013 el PRI presentó una iniciativa para el bloqueo de presuntas actividades ilícitas.
El intento más reciente es el de la Ley Telecom. Esta propuesta llegó al extremo de pretender el bloqueo (censura) a las señales de Internet durante concentraciones públicas. Siempre el pretexto para coartar las libertades es…la defensa de las libertades.
Resulta paradójico que la tecnología permite un mayor acceso a la información y los gobiernos buscan limitarla. A pesar del discurso del compromiso social (y de las necesidades mercantiles) del acceso universal.
AL MARGEN
SI ATENDEMOS al anuncio oficial, los familiares de las víctimas del accidente de “Viajes Huicho” reciben atención en un módulo especial. Aparte de lo que exige una actitud humanitaria, es necesario evitar que asuntos como éste se compliquen innecesaria e injustamente. (
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