Escala Crítica/Columna diaria
*A discusión el reparto de los ingresos petroleros mexicanos
*Evitar que tengan más derecho las empresas que Tabasco
*Los impactos ambientales y sociales, elementos centrales
Víctor M. Sámano Labastida
MIENTRAS avanza a paso lento la posibilidad de una consulta popular a los cambios constitucionales en materia energética, se abrió un nuevo capítulo en lo que para el gobierno es la consolidación del aprovechamiento del petróleo y el gas, pero que para la oposición es más bien la renuncia soberana y privatización de una propiedad nacional: Enrique Peña Nieto presentó ya a los legisladores el paquete para las llamadas leyes secundarias en la materia.
Un reporte de Enrique Méndez y Roberto Garduño, del diario La Jornada (02/V/2014) destaca que el gobierno federal pretende “entregar” a las empresas privadas un porcentaje de los ingresos mediante la figura de “utilidad compartida”. Esta propuesta está contenida en la iniciativa presidencial, además de que podrán deducir costos, gastos e inversiones realizados.
En efecto, la propuesta justifica: “Se trata de la distribución de los proyectos entre el Estado y el contratista, recibiendo cada uno un porcentaje que, sumado, da ciento por ciento de la utilidad del proyecto. Quien esté dispuesto a obtener un menor porcentaje y dejar al Estado la mayor parte de la utilidad, será el ganador de las licitaciones’’.
REPARTIR Y PERDER
COMO SE SABE, hasta antes de la reforma constitucional la totalidad de las utilidades eran para el Estado. Si en este proceso los negocios ilícitos, las corruptelas y otras ordeñas, mermaban los beneficios es otro asunto. Ahora, dicen los defensores de las reformas, “es mejor tener un poco de algo que mucho de nada”.
Para la oposición, en particular la encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, estamos en realidad ante una evidente privatización.
La iniciativa de Peña Nieto fue recibida poco antes de que se clausurara el periodo ordinario de sesiones. Para el PRI y el PAN, según expresaron sus jefes de las bancadas en el Congreso Manlio Fabio Beltrones y Luis Alberto Villarreal, la ley reglamentaria se aprobará en la segunda quincena de junio; el coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles pretende que estas reformas se discutan en el periodo ordinario de septiembre.
El “paquete” de leyes secundarias incluye las de Ingresos sobre Hidrocarburos, del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, así como reformas a las leyes de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, General de Deuda Pública, así como a la de Derechos y la de Coordinación Fiscal.
De acuerdo a la propuesta, las condiciones de los contratos, los montos de la utilidad operativa y los ingresos petroleros serán administrados por el Fondo Mexicano del Petróleo. Otro Fondo de nueva creación sería el de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
EL DIEZMO
UNA MEDIDA que seguramente será polémica es la que pretende que para dar incentivos a los contratitas, las “regalías” que se cobren en la fase exploratoria serán de carácter moderado: si el precio del barril es de cien dólares, las regalías serán de 10 dólares. Un 10 por ciento.
Pero además, podrán justificar pérdidas hasta por diez ejercicios fiscales.
Más allá de los detalles técnicos, la interrogante es qué impacto tendrá en los ingresos del Estado Mexicano compartir utilidades con empresas privadas, dominantemente extranjeras. Porque por lógica, los mayores efectos de una reducción de ingresos serán para el estado petrolero más importante que es Tabasco. No está claro que los beneficios sean mayores si hay una mayor extracción de hidrocarburos…por el contrario.
¿Por qué no se da ese 10 por ciento a los estados según lo extraído?
Precisamente ayer, durante el homenaje póstumo que en Villahermosa le hicieron al ex gobernador Leandro Rovirosa Wade, el actual mandatario Arturo Núñez recordó que aquel fue quien “logró que la Federación contribuyera a Tabasco en 1980 con mayores participaciones en su condición de estado petrolero”.
Puntualizó: “Leandro Rovirosa hizo una enorme aportación a Tabasco, al lograr que la variable petrolera se incluyera en el criterio resarcitorio para devolverle al estado, vía las participaciones fiscales, lo aportado a través de la recaudación federal a los impuestos y derechos a la producción y exportación de hidrocarburos”.
Aunque en aquel tiempo existió la ventaja de las excelentes relaciones que Leandro Rovirosa tenía con el presidente José López Portillo, del que era amigo y además los dos militaban en el PRI, Arturo Núñez recordó que aquel gobernador advirtió al poder federal que Tabasco no se incorporaría al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal si no se consideraba “la variable petrolera”.
En estos días se intensificará la discusión sobre el futuro petrolero del país y en especial de estados como Tabasco. Es el único estado de la República que tiene y tendrá instalaciones petroleras en todos sus municipios. Las leyes que ahora se discuten aplicarían en las concesiones a las empresas privadas nacionales y extranjeras para participar directamente en el ingreso por la venta y exportación de petróleo y gas. La manera que se distribuya este ingreso importa para el futuro de Tabasco.
De acuerdo a un reporte del Instituto Nacional de Estadísticas en el país se pierden más de 900 mil millones de pesos por los costos de los daños ambientales y el agotamiento de los recursos. Si tomamos en cuenta que Tabasco es el estado del que más petróleo se obtiene, resulta lógico señalar que es el estado que más pierde por la contaminación derivada de la explotación petrolera.
Al margen
EL MOVIMIENTO de Petroleros Independientes exigió el reconocimiento de Jorge Hernández Lira como nuevo dirigente nacional del sindicato del sector. Según se manifestaron ayer en Villahermosa trabajadores de Macuspana, Centro, Comalcalco y Nacajuca, Carlos Romero Deschamps perdió las elecciones el 19 de octubre de 2012.
Según los inconformes, la “Toma de Nota” que le dieron a Romero Deschamps, quien se ha impuesto en cinco reelecciones consecutivas, no tiene validez. A decir de los integrantes del MPI todos los acuerdos que ha firmado Deschamps con Pemex –entre ellos los relativos a la reforma- “no tienen validez”.
SON SEIS ya los estados que enfrentan demandas de la Presidencia de la República por no cumplir con la reforma educativa. Los congresos de Baja California y Zacatecas se sumaron a los de Oaxaca, Sonora, Chiapas y Michoacán, contra los cuales interpusieron controversias ante la Suprema Corte. Es previsible que haya nuevas demandas.
Los recursos de inconstitucionalidad incluyen a gobiernos o Congresos controlados por el PRI, PRD, PAN y PVEM.
Será interesante observar las formalidades y el fondo de estos procesos legales. (
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