Escala Crítica/Columna diaria
*PRD y PRI, de acuerdo en la inversión privada en lo público
*Sólo cuestión de matices o de quién tiene la iniciativa
*Posible revisar créditos solicitados por Alí; ley, no revancha
Víctor M. Sámano Labastida
A PRINCIPIOS del 2012 fue puesta en vigor la Ley (federal) de Asociaciones Público y Privadas (APP) que impulsó Felipe Calderón. Aunque la Ley federal la propuso el PAN, logró su aprobación mayoritaria con el respaldo del PRI a finales del 2011. El PRD la rechazó. Ahora es el PRI el que se opone en Tabasco a una ley estatal apoyada por el PRD y propuesta por el gobierno de Arturo Núñez, surgido de una coalición de izquierda.
El secretario de Gobierno, Raúl Ojeda, tres veces candidato por el PRD lopezobradorista se reunió con la bancada solaztequista –en donde hay amarillos, morenos y pálidos- para explicar que las asociaciones de capital se aplican en 28 estados del país. Aseguró que no se pretende endeudar o hipotecar al estado.
PARALIZAR O PRIVATIZAR
EN REALIDAD el debate de la izquierda y otras corrientes ha sido en torno a si la participación de la iniciativa privada en la construcción y administración de los servicios y la infraestructura públicos es un proceso privatizador o no.
En la Ley federal se establece que el objetivo de la asociación estado-empresarios es ofrecer suficientes obras y servicios que “aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país”. Los proyectos, se dice, tiene que estar “plenamente justificados” y “demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento”.
En su momento, los dos líderes de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, se pronunciaron contra las leyes de asociación de capital público y privados para los servicios que debería administrar el Estado. Por lo menos la rechazaban como fue concebida durante la administración de Felipe Calderón.
En el documento “Un México Para todos”, que Cárdenas entregó al entonces candidato presidencial López Obrador en febrero del 2012, planteaba en uno de sus puntos la necesidad de “abrogar la Ley de asociaciones público privadas”
La norma en cuestión había sido enviada al Congreso por Felipe Calderón en 2009 y promulgada hasta enero del 2012. Fue aprobada por una mayoría de senadores del PRI y del PAN en diciembre de 2011; a favor 65 votos y once en contra.
A mediados del 2010 en plena discusión de la Ley, López Obrador pidió a los diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y PT que “de ser necesario” tomaran la tribuna para evitar la aprobación de la privatización del sector público, dijo. Estimó que la inversión privada en hospitales, escuelas y hasta cárceles, era el camino de un sector del capital para obtener concesiones para el suministro de agua potable y la recolección de la basura.
Pero López Obrador tampoco es opuesto al capital privado, como se demostró durante su administración en la Jefatura de Gobierno del DF.
Cabe advertir que aún cuando no existía una Ley APP en Tabasco, la propia norma federal permite que “las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros”, participen con recursos federales mayoritarios en este tipo de proyectos.
En el caso de Tabasco, el gobernador Arturo Núñez sostiene que antes la crisis financiera que heredó el estado hay dos vías para financiar “proyectos estratégicos”: el endeudamiento o la participación de la iniciativa privada mediante un mecanismo que le permita recuperar su inversión, pero que el estado se quede con la infraestructura a mediano plazo.
La principal objeción del PRI -partido que se opone a la Ley APP aunque votó a favor en la federal-, es que no fue tomada en cuenta su propuesta y que el PRD acude al “mayoriteo” que antes criticó.
En realidad, la iniciativa privada participa mayoritariamente (¿o por mayoriteo?) en la actividad económica del país. Aunque en Tabasco el financiamiento dominante es el público. Quizá el debate tendría que dirigirse a cómo evitar que el estado termine subsidiando la ineficacia o la voracidad de algunos segmentos del capital.
LAS CUENTAS DE ALÍ
¿ES POSIBLE reabrir el expediente de los créditos solicitados por el gobierno de Jesús Alí en el 2010? La mayoría de los diputados del PRD, ahora en el gobierno, dicen que sí; la bancada del PRI afirma que no, que todo es una “cortina de humo” o una revancha. La administración priísta del 2010-2012 recibió un préstamos de 536 millones de pesos para “proyectos productivos”.
De acuerdo a las versiones oficiales, en mayo de 2010 Jesús Alí solicitó la autorización de un crédito por 460 millones y en octubre de ese mismo año gestionó otros 76 millones 763 mil pesos.
Las cuentas públicas de los dos primeros años de Jesús Alí fueron aprobadas por una mayoría del PRI; la correspondiente al tercer año en la que estuvo al frente del Ayuntamiento el también priísta Cuauhtémoc Muñoz fue avalada por un Congreso en el que la mayoría era ya del PRD. Sólo los diputados Verónica Pérez Rojas y Alipio Ovando Magaña, usaron la tribuna en la sesión de noviembre del 2013 para oponerse a esa aprobación.
La diputada Ana Bertha Vidal logró que se aprobara una petición al Órgano de Fiscalización para que se investigue el uso de los créditos recibidos por Alí de la Torre. Inclusive requirieron al edil Humberto de los Santos informar sobre las acciones en el posible manejo irregular de los recursos.
La base del reclamo es la información que el 12 de septiembre de 2013 colocó la Contraloría de Centro en su portal de Internet. El alcalde asegura que los procesos están en manos de las “autoridades correspondientes”.
Para Jesús Alí, ex candidato al gobierno y actual funcionario de Sedesol, la revisión de sus cuentas es un “asunto cerrado”. La diputada Vidal Fócil sostiene que la responsabilidad legal aún está vigente. Malo sería que este proceso quedara sólo como ruido mediático.
AL MARGEN
EN MICHOACÁN se complicó la relación entre las autoridades y los llamados “grupos de autodefensa”, porque ahí compiten también diversos grupos armados. Ahora las fuerzas federales tuvieron que iniciar un gran despliegue en Tamaulipas. Ofrecen una “limpia total” en la entidad en la que gobierna el priísta Egidio Torres. ¿Será?
CERCA de un millar de trabajadores del municipio de Centro se manifestaron en reclamo de pagos pendientes desde la pasada administración. Los protestantes también piden aumentos salariales. Es posible que la declaración de Humberto de los Santos en el sentido de que el municipio podría funcionar con la mitad de los 6 mil 500 trabajadores actuales haya puesto nerviosos a los dirigentes. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )
