Escala Crítica/Columna diaria
*Uno de cada tres habitantes impactados por la huelga
*El nuevo sistema penal, graves rezagos en su aplicación
*¿Un Frente Nacional de Autodefensas?, las confusiones
Víctor M. Sámano Labastida
EN LA CIUDAD de Villahermosa y su zona metropolitana habitan más de 700 mil personas. Sin contar con las que diariamente realizan sus actividades en la capital del estado. Es el centro de los servicios, la administración, la política. Una huelga de 3 mil 450 sindicalizados afecta directamente a uno de cada tres habitantes de Tabasco. Indirectamente a muchos más. Como también, claro, su actividad cotidiana cuando transcurre de manera normal es benéfica para la tercera parte de la población total.
De acuerdo a cifras del edil Humberto de los Santos, hay aproximadamente unos 6 mil 500 empleados. El dirigente sindical David Morales afirma que además de los 3 mil 450 sindicalizados hay unos mil eventuales y unas 800 personas de confianza.
Los sindicalizados pertenecen al SUTSET que tiene agremiados en los 17 municipios y es dirigido por René Ovando. Diez de estas demarcaciones son gobernadas por la coalición encabezada por el PRD y otros siete por la coalición del PRI. Ese sindicato obtuvo su registro en 1990; fue hasta finales del 2009 cuando el monolítico gremio de los burócratas estatales comenzó a romperse. En aquellas fechas, se gestó el descontento de Marbella Cerino que la llevó a concretar a finales del 2012 otro sindicato, el STMSET.
Cabe anotar que hasta antes de esa ruptura también se daba por hecho que el SUTSET apoyaba a los candidatos del PRI, aunque su presencia política había sido mermada en los municipios por el avance de las oposiciones. La propia Marbella Cerino era militante tricolor, antes de la ruptura, lo mismo que varios de sus seguidores.
El SUTSET no sólo agrupa a los trabajadores de los municipios, sino de toda la burocracia estatal. Aunque, como le decía, en la afiliación ahora disputa las plazas con el STMSET.
Aunque es deseable que el conflicto no se partidice, resultaría ingenuo ignorar los intereses que ya se comienzan a mover. Como sucedió y sigue sucediendo en las diversas corporaciones, como la policiaca. Los partidos siguen basando su fuerza en el corporativismo más que en la afiliación individual.
El ayuntamiento que encabeza Humberto de los Santos Bertruy convocó a quienes desee reemplazar a los paristas en servicios básicos. Esto, por supuesto, que polariza el conflicto.
Más allá de la discusión sobre la posición de las autoridades y de los dirigentes sindicales, el paro en la capital tabasqueña plantea la cuestión sobre el derecho de la población a los servicios básicos. Algunos indispensables como el agua potable o la operación de cárcamos en una ciudad fácilmente inundable.
DEBILIDAD DE LA JUSTICIA
QUEREMOS tener instituciones del primer mundo con una educación, recursos y organización del tercer mundo, me dice un lector al comentar el poco tiempo que queda para instaurar en todo el país el nuevo sistema de justicia penal –incluidos los juicios orales. En efecto, ya no hablemos de los jueces porque uno de los eslabones más débiles son las corporaciones policiacas.
Ya ha habido casos en varias partes del país, incluido Tabasco, donde los delincuentes confesos tienen que ser liberados por errores en el “debido proceso”. Como parte de este esquema se incluye desde la detención hasta “la cadena de custodia”.
Tiene razón el criminalista Armando Rodríguez Vélez quien dijo al diario La Jornada que si un juez de control detecta que se cometió el mínimo error en el cuidado de la evidencia en la escena del crimen o en la custodia del detenido, “estará obligado a decretar la inmediata libertad del imputado, aún si existieran pruebas contundentes sobre su responsabilidad penal”.
Imagine usted. Si no es posible siquiera lograr que los policías adopten su papel de autoridad –con lo que tiene de orden y disciplina-, es mucho pedir una revolución en las conductas en un plazo que vence en el 2016. Nos pasará como con el Tratado de Libre Comercio.
ARMADOS Y DESARMADOS
LA CREACIÓN de un supuesto Frente Nacional de Autodefensas provocó una serie de confusiones. El 13 de mayo se difundió la versión de que el poeta Javier Sicilia había convocado en Cuernavaca, Morelos, a la integración de dicha organización junto a José Manuel Mireles, el fundador y ex vocero de las autodefensas michoacanas.
Sicilia reiteró su apoyo a Mireles pero aclaró que los grupos armados de autodefensa surgieron “en una coyuntura particular”, que los respeta pero que desde el inicio del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad aclaró que “en el contexto de emergencia nacional y tragedia humanitaria (que vive el país), el camino es la organización en la lucha no violenta y la resistencia civil”.
La interpretación equivocada surgió por la divulgación de una videograbación en la que varios activistas refieren su experiencia de organización frente a la inseguridad y la injusticia con un mensaje que concluye; “por eso soy autodefensa”.
Así lo expresan el propio Mireles y Sicilia, el padre Alejandro Solalinde, defensor de migrantes; el exalcalde de García, Nuevo León, Jaime Rodríguez; la exdiputada perredista, Thalía Vázquez;el representante de Salvemos Tamaulipas, Mario Segura; el vocero del Movimiento Migrante Mesoamericano, José Jaques Medina; el dirigente universitario Juan Antonio Negrete, el empresario Ramón Alejandro Vaca y el general en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez, entre otros.
En efecto, en varias partes del país han surgido –y no de ahora, sino es un proceso que se remonta a varios siglos de historia- individuos y grupos que se organizan para defender su seguridad y su libertad frente a la incapacidad o complicidad de los gobiernos con los agresores, pero hay una diferencia entre las organizaciones armadas como en Michoacán y Guerrero y las iniciativas pacifistas. Cada una obedece a un contexto particular.
Otro es el casi del michoacano Mireles Valverde quien sí expresó, el 9 de mayo, su intención de promover grupos de autodefensa armada a nivel nacional, luego de que varios de los comandos de Michoacán decidieron aceptar la oferta del gobierno para convertirse en policías rurales.
AL MARGEN
LA CIFRA es brutal y vergonzante para cualquier país. En México hay un registro de 24 mil 800 desapariciones del 2005 a la fecha, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Apenas en abril pasado, la Organización de Naciones Unidas pidió al gobierno mexicano dar respuesta adecuada a las denuncias por 26 mil desapariciones presuntamente forzadas.
LA PUESTA en libertad de la ex jefa de cajeras Esperanza Mayo, vinculada a las denuncias contra el que fuera titular de Finanzas José Sáiz, encendió las luces de alerta en el cuerpo jurídico gubernamental. ¿Quién tiene la razón, los acusadores o el juez que declaró la libertad absolutoria? No sólo es el debido proceso, es también la integración de las averiguaciones. (
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