Escala Crítica/Columna diaria
*Polémica por reportes. Aún falta evaluación del 2013
*Huelga en Villahermosa y Centro, vulnerabilidad y derecho
*Marcha atrás de los magistrados en los “haberes de retiro”
Víctor M., Sámano Labastida
LA TRANSPARENCIA y acceso a la información se convirtió desde hace una década en uno de los temas centrales de los gobiernos. No sólo por la exigencia de la sociedad, sino también por ser una condición –en el caso de las finanzas- de las instituciones crediticias. Es el caso del Banco Mundial, por ejemplo. El actual gobierno de Tabasco hizo de la transparencia condición para combatir el uso irregular de recursos. El pasado inmediato obliga.
La oposición –ahora priísta- sostiene que la administración de Arturo Núñez no cumple con ese supuesto. Por su parte, tanto la consejería jurídica como la Secretaría de Finanzas estatales aseguran que el gobierno tiene a disposición de la población tanto la información mínima de oficio, como la que es solicitada expresamente.
¿Para qué sirve la transparencia, acceso a la información oficial y rendición de cuentas? Para una supervisión y control público del gasto, así como para el seguimiento de planes y programas.
DOS PUNTOS DE VISTA
RECIENTEMENTE fue la diputada del PRI, Esther Alicia Dagdug, quien aseguró que de acuerdo a la información de la Secretaría de Hacienda, el Instituto Mexicano de la Competitividad y la consultora A-Regional, en Tabasco hay opacidad en la administración de los recursos públicos.
Afirmó la legisladora que en el actual gobierno hay un “nulo compromiso” con la transparencia y la rendición de cuentas Inclusive aseguró que el IMCO –un organismo profesional de análisis de la actividad gubernamental- coloca a Tabasco en el último lugar en índices de “acceso a la información en materia presupuestal”.
El coordinador de Asuntos Jurídicos, Juan José Peralta Fócil –también ex diputado-, afirmó que las calificaciones en materia de transparencia (a las que se refirió Dagdug Lutzow, aunque no la citó expresamente) corresponden a la administración de Andrés Granier y no a la de Núñez Jiménez.
Cabe recordar que en noviembre del año pasado, el propio Núñez Jiménez comentó la calificación del IMCO que colocaba a Tabasco en el lugar 32. y aclaró que tenía que ver con el sexenio anterior y no con éste. Dijo entonces el gobernador tabasqueño que “el Decreto de Presupuesto General de Egresos y la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco correspondientes al ejercicio fiscal 2013, y que el IMCO utilizó para su evaluación, fueron elaborados por la anterior administración estatal y aprobados por la anterior legislatura local”.
Habrá que anotar que en efecto –como señaló Peralta Fócil ahora- los documentos expedidos por A-Regional e IMCO fueron del 29 de mayo y 27 de noviembre de 2013. Obviamente que aún no se calificaba el desempeño de la actual administración sino la que concluyó en diciembre del 2012.
Es de prever, entonces, que las evaluaciones para el primer año de este gobierno en el caso de A-Regional estén por aparecer y del IMCO se entreguen en el segundo semestre del 2014. Por lo que hace a Finanzas, puede decirse que los interesados cuentan con más información ahora en la página electrónica de esa dependencia que lo que fue posible en la administración precedente.
Como le decía, la transparencia y el acceso a la in formación sirven para que los ciudadanos tengan gobiernos más eficientes.
UNA CIUDAD VULNERABLE
AUNQUE los trabajadores del municipio de Centro, la capital tabasqueña, anunciaron que ayer por la mañana terminaba el paro de labores iniciado el lunes, el conflicto aún no está resuelto. Fueron retirados los camiones recolectores de basura que los huelguistas instalaron frente a la sede del ayuntamiento y se reinició, lentamente, la recolección de desechos.
El alcalde Humberto de los Santos dijo que toda la negociación con los huelguistas se hará conforme a la ley. Las autoridades levantaron actas administrativas contra quienes faltaron a sus labores y denunciaron penalmente el secuestro de los camiones.
Por su parte los dirigentes sindicales René Ovando y David Morales aseguraron que ninguno de los paristas será sancionado. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje había calificado de ilegal la huelga –no declarada formalmente- que afectó a los habitantes del municipio de Centro y el área metropolitana, unos 700 mil pobladores.
La huelga de la Sección Uno del SUTSET pone a prueba la aplicación de la ley, pero también debe ser oportunidad para analizar cómo armonizar los derechos de los sindicalizados –algo así como 3 mil 500 en la capital- con el derecho de la población a recibir los servicios básicos. En este diagnóstico debe tomarse en cuenta la vulnerabilidad de Villahermosa.
SE ARREPINTIERON
PARA los magistrados del Tribunal Federal electoral se trató sólo de una errónea interpretación o definitivamente de mala fe de los periodistas, pero decidieron dejar de manera explícita que no ejercerán su derecho al bono de retiro, que también podía para como una pensión vitalicia. Esta posibilidad se encuentra en las leyes secundarias de la reforma política
Los jueces anunciaron oficialmente que no cobrarán “un solo peso” como pago especial cuando terminen sus diez años al frente del cargo.
Se quejaron de una campaña en su contra porque aseguraron que nunca fue aprobada una pensión vitalicia. Según recuerda el diario La Jornada estos siete magistrados tienen salarios y prestaciones anuales que superan los cuatro millones de pesos cada uno. Tan sólo en salarios reciben mensualmente unos 250 mil pesos.
Aunque todos los magistrados electorales criticaron a los periodistas por hablar de una pensión vitalicia, sólo el juez Constancio Carrasco reconoció que el tema es sensible en un país donde dos terceras partes de la población no tienen ingresos para una subsistencia digna.
Le comenten este espacio que según datos oficiales hay en México más de 30 millones de trabajadores en el sector informal, sin acceso a la seguridad social incluida la pensión de retiro. Una pensión promedio en el país es de poco menos de cuatro mil pesos mensuales.
AL MARGEN
AUNQUE fueron tres los consejeros del IEPCT citados a declarar el miércoles ante la procuraduría por el caso de la compra irregular de un edificio, sólo acudió Gustavo Rodríguez Castro; los consejeros Héctor Aguilar y Jorge Montaño se esfumaron y ayer no pudieron ser localizados en el instituto electoral. Todo indica que algunos de los consejeros cuando sean reemplazados no se irán precisamente a su casa. (
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