Escala Crítica/Columna diaria
*Resultado de una crisis de seguridad y gobernabilidad
*Fantasma de “comisionados”: Edomex, Morelos, Tamaulipas
*Peligroso, atizar el conflicto en zonas indígenas de Tabasco
Víctor M. Sámano Labastida
INSOSTENIBLE resultaba la posición de Fausto Vallejo, quien bajo la bandera del PRI ganó la gubernatura en las votaciones de noviembre del 2011. Obtuvo un escaso margen de unos 50 mil votos frente a su oponente Luisa María Calderón del PAN, hermana del entonces presidente Felipe Calderón. Fue una elección altamente competida. Silvano Aureoles del PRD, partido gobernante en ese momento, quedó 70 mil votos abajo del ganador. Casi fue una elección de tercios.
Desde antes de las elecciones existía un grave conflicto no sólo por la presencia del crimen organizado –se ha documentado la infiltración del narcotráfico en los más altos cargos públicos de ese estado-, sino por la ingobernabilidad y corrupción. Hubo un tiempo en que los tres partidos dominantes (PRI, PAN y PRD) propusieron un candidato único en una especie de cancelación de facto de las elecciones.
No funcionó ese acuerdo.
LOS INFILTRADOS
VALLEJO fue elegido para gobernar tres años y siete meses, pero por “cuestiones de salud” prácticamente. Su lugar estuvo ocupado interinamente por el secretario de Gobierno, Jesús Reyna, quien finalmente fue detenido por las autoridades federales acusado de vínculos con una de las bandas narcotraficantes, la de los Caballeros Templarios. Ahora esa exhibición le tocó a Vallejo: uno de sus hijos aparece relacionado con el narco.
Si hay un estado en el país que muestre la radiografía de la descomposición de las instituciones y la ineficacia de un gobierno, el ejemplo es Michoacán. Tendrá elecciones en junio del 2015. En los hechos está gobernado por una especie de jefe político enviado por la federación, el comisionado Alfredo Castillo Cervantes...y por varios poderes fácticos.
Tratar de encontrar similitudes entre las condiciones de Michoacán y otros estados de la República resulta forzar las especulaciones. Poco después de que se nombró un “comisionado” –a principios del año pasado-, diversos grupos políticos en varios estados vieron en esa figura la posibilidad de sustituir a otros gobernadores.
Así sucedió en Morelos donde grupos civiles pidieron al gobierno federal un comisionado para suplir en sus tareas a Graco Ramírez, gobernador surgido del PRD. A pesar de la crisis de seguridad en esa entidad, el mandatario perredista se sostiene. Posteriormente en el Estado de México, se habló de la designación de una especie de comisionado a principios de este año, cuando Damián Canales –hombre cercano al secretario de Gobernación- fue nombrado secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad natal del presidente Enrique Peña Nieto.
Por supuesto que el gobierno federal y el gobernador Eruviel Ávila negaron que Canales fuera un mandatario de facto.
También se vio la sombra de la figura de un comisionado (o varios) cuando en mayo pasado el gobierno federal decidió intervenir con un operativo de seguridad en Tamaulipas. Aquel estado fue dividido en cuatro regiones “operativas”, cada una con un militar al frente. El anuncio fue hecho por el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, acompañado del gobernador Egidio Torre Cantú, quien llegó al poder en sustitución de su hermano Rodolfo Torre Cantú, asesinado en plena campaña para la gubernatura en el 2010.
La sustitución de gobernadores no es un camino sencillo. La federación tiene retos más complejos que la mera lucha partidista. Aunque en el fondo siempre está el fantasma de la inseguridad, o la seguridad para otros intereses.
EVITAR EL CONFLICTO
EN FECHAS recientes hemos visto un fenómeno que parecía superado entre las comunidades indígenas. Grupos de pobladores de Tamulté de las Sabanas y de Buena Vista, dos comunidades del municipio de Centro, se manifestaron en demanda de que un hospital y una universidad intercultural se instalen en sus terrenos y no en los de los vecinos. La protesta llevó a uno de estos grupos a bloquear por casi 24 horas la carretera Villahermosa-Frontera.
Se entiende que la realización de la obra pública responde a la demanda de las comunidades, pero también a una planeación. Por lo general el factor demográfico sirve para tomar una decisión. Pero también se toman en cuenta los factores geográficos, la mayor o menor dificultad para los traslados. De la misma forma es importante la posibilidad de que ciertas poblaciones se conviertan en centros para impulsar el desarrollo y la mejor calidad de vida de las comunidades vecinas.
A principios de los años ochenta, por ejemplo, en Tabasco se planificaron los llamados Centros Integradores. Fueron algo así como 185 comunidades en las que se buscó instalar los servicios indispensables como escuelas, clínicas, campos deportivos. Uno de aquellos centros integradores fue Tamulté de las Sabanas y otro Buenavista, poblados que ahora pelean la instalación de un hospital.
Algunas autoridades han acusado a partidos políticos y aspirantes a las candidaturas en el 2015 de aprovecharse para dividir a las comunidades indígenas. Obvio que la obra pública debe servir para integrar y no para dividir. Preocupa que por intereses electorales se confronte a comunidades indígenas y campesinas entre sí. Advertimos que las heridas que quedan entre este tipo de poblados son prácticamente incurables. Es necesario desactivar ese conflicto.
AL MARGEN
SIGUE la cuenta regresiva para que los estados que tendrán elecciones en el 2015 hagan las adecuaciones a su Constitución y a sus leyes locales en la materia. Según la Secretaría de Gobernación en once de las 17 entidades ya se aprobaron las reformas constitucionales y ahora sólo faltan las leyes secundarias. Hay retrasos en el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Sonora y Baja California.
En Tabasco, hay lentitud en los cabildos. Por lo menos la mitad de los 17 deben aprobar las reformas constitucionales para que sean válidas. Todo el paquete debe estar listo a más tardar el 30 de junio.
Por lo que toca a los estados que no tendrán elecciones el año próximo, un total de 15, tienen hasta el 2016 para adecuar sus normas.
Veremos si las prisas no terminan en leyes y procesos ampliamente impugnados.
INTERESANTE el programa del Ayuntamiento de Centro para celebrar los 450 años de Villahermosa. Extrañamos, eso sí, que no se haya convocado a un encuentro de los cronistas de las colonias y poblados, esos que guardan la memoria de los pueblos sólo por gusto y amor a la historia. Aquellos a los que Carlos Monsiváis calificaba como “cronistas sin corona”. (
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