Escala Crítica/Columna diario
*La sombra de Cuauhtémoc Cárdenas y la caída del sistema
*Postulaciones comunes, otra cara de las alianzas de facto
*PVEM, los derechos de los militantes y derechos humanos
Víctor M. Sámano Labastida
EL TIEMPO apremia. Las reformas a las leyes electorales entraron en su fase final. El proceso de competencia para el 2015 comienza en octubre. Los diputados locales recibieron dos iniciativas de reforma: una enviada por el Poder Ejecutivo (la oficina de gobernador) y otra turnada por el PRI. La del equipo de Arturo Núñez incluye la expedición de una Ley de Partidos Políticos. En esta propuesta se considera la posibilidad de las candidaturas comunes y las candidaturas independientes.
Uno de los temas de mayor polémica será sin duda el de las candidaturas comunes. Esta figura permite a un candidato postularse por distintos partidos sin necesidad de la firma de un convenio de coalición y plataforma electoral común. El PRI es el principal opositor en todo el país a este tipo de postulación, a pesar de que en Chihuahua el actual gobernador priísta llegó al poder mediante esa fórmula.
LA SUMA DE TODOS
HISTÓRICAMENTE la candidatura común más notable fue la de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, aunque mediante un modelo hasta entonces inusual. Postulado por el Frente Democrático Nacional fue registrado inicialmente como candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; a su nominación se sumaron el Partido Frente Cardenista (PFCRN), Partido Popular Socialista y Partido Ecologista Mexicano, que también lo inscribieron al igual que el Partido Mexicano Socialista. Muchas pequeñas fuerzas sin registro también apoyaron a Cárdenas.
Entonces, el PRI se vio enfrentado a una situación inesperada: los votos de todos esos partidos contaron para un solo candidato. Aún persiste la duda si aquella fue la primera derrota electoral del tricolor por la Presidencia. Se “cayó el sistema”.
Mientras en las candidaturas por coalición los partidos están obligados a firmar un convenio y tener una plataforma común, además de que presentan un lema y un solo logotipo (que puede ser la suma de todos); en las candidaturas comunes estas exigencias quedan de lado.
A nivel federal no hubo acuerdo en este aspecto y se dejó a la decisión de los estados la aplicación de los mecanismos de postulación.
Otro tema planteado por las iniciativas del Ejecutivo es el de las candidaturas independientes mismas que estarían sujetas a la obtención de un determinado número de firmas.
Quienes aspiren a una candidatura no partidista para gobernador necesitarían el 2% de firmas del padrón, algo así como de 30 mil ciudadanos. Los aspirantes a presidentes municipales requieren de un apoyo diferenciado: el equivalente a 3% (12 mil firmas) para municipios de más de 300 mil habitantes; de 4% (11 mil firmas) para demarcaciones de 100 mil a 300 mil habitantes; de 6% (6 mil firmas) para municipios de 50 mil a 100 mil pobladores y de 8 % (4 mil firmas) para demarcaciones de menos de 50 mil habitantes.
Los aspirantes a diputados locales requerirán de unas 6 mil firmas.
PONERSE LA VERDE
LOS MILITANTES de los partidos no son ciudadanos de segunda ni de primera. Por si hubiese alguna duda, los derechos de unos y otros, están protegidos no sólo por las leyes que rigen a los partidos; también por la Constitución y por los tratados internacionales en derechos humanos. La reforma constitucional del 2011 es muy clara en este aspecto.
Antes se pensaba que los dueños de los partidos podían actuar a su arbitrio, pero estos organismos dejaron de ser franquicias y desde 1997 están catalogados como entidades de interés público, aunque la reglamentación ha caminado lentamente.
El magistrado Manuel González Oropeza (del TEPJF) sostiene que la justicia electoral y partidista en México es una de las más avanzadas del mundo. Ahora se protege explícitamente el derecho de los militantes de los partidos. La responsabilidad de los jueces –sostiene- es garantizar la protección de los derechos político-electorales de todas las personas.
En estos días se pondrá a prueba la afirmación del magistrado: un tribunal tendrá que resolver sobre el litigio entre militantes del Partido Verde en Tabasco.
Las impugnaciones no son nuevas. Hasta mayo pasado en el PRI, el partido mayoritario, sumaba un total de casi mil juicios de sus militantes que habían acudido desde 2009 a las instancias de justicia partidaria. Algunos de estos casos se resolvieron internamente, otros habían llegado a los tribunales. Por supuesto que lo más indicado es que los mecanismos partidistas funcionen y que nadie tenga necesidad de acudir a instancias externas.
Hasta el partido en formación Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tuvo que someterse a una resolución de restitución de derechos políticos de militantes.
Actualmente llama la atención en los interesados por la política en Tabasco el proceso abierto para determinar si Federico Madrazo, Ariel Córdova y varios ex integrantes del PRI reúnen los requisitos para buscar la dirigencia del Partido Verde. El tema llegó a los tribunales federales.
Uno de los casos más notorios de juicio por el derecho de un militante fue el que involucró al PAN y a su ex dirigente Manuel Espino.
Resulta interesante un ensayo del especialista Edwin Ramírez Díaz (“Derechos humanos y militancia partidista”) en la que refiere las diversas modificaciones legales para garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad y certeza. Es de particular relevancia la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos porque recoge los tratados internacionales y su aplicación se extiende, dice, a los litigios por los derechos ciudadanos.
Comenta Ramírez Díaz: la normatividad interna de los partidos “resoluciones y, en general, todas sus actividades, deben estar orientadas con el parámetro de respeto y garantía de los derechos señalados en la Constitución y en los tratados internacionales”. La argumentación presentada por Alfredo González Cruz (PVEM) en un voluminoso expediente se observa sólida y documentada. ¿Podrán rebatirla Madrazo Rojas, Córdova Wilson y la propia dirigencia nacional pevemista? Resultará interesante y aleccionador.
AL MARGEN
EL SENADOR Adán Augusto López dio a conocer una lista de presuntos aspirantes por el Movimiento de Regeneración Nacional a diputados federales y locales, así como a presidentes municipales en los 17 ayuntamientos según reportó la Agencia Proceso (Apro). Causó polémica. La diputada local Rosalinda López se reunió en público con la ex diputada del PRI Lorena Beurregard, causó polémica. (
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