Escala Crítica/Columna diaria
*Crisis presupuestal es resultado de un problema de fondo
*En 2007, el gobierno de Calderón engañó con sus cuentas
*Los bloqueos, sólo un síntoma; el PRI contra las comunes
Víctor M. Sámano Labastida
A LA DISTANCIA se puede concluir que el gobierno de Felipe Calderón engañó a los representantes de Tabasco: la reforma fiscal del 2007 no benefició al estado sino que le hizo dejar de recibir –en otras palabras, perder- un promedio de seis mil millones de pesos por año. Inclusive Andrés Granier que en un principio de oponía a aquella modificación, terminó convencido de que su gobierno recibiría hasta 16 por ciento más de recursos.
Sin embargo, en pleno debate de aquellos cambios, los entonces diputados federales Rafael Elías Sánchez Cabrales, Fernando Mayans Canabal y Mónica Balboa, manifestaron su desacuerdo y sostuvieron que conforme a un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados federal, tan sólo en 2008 Tabasco perdería entre 5 y 10% de su presupuesto respecto al año anterior. Los cálculos resultaron conservadores: aunque los legisladores perredistas indicaron que la reforma de Calderón arrebataría a la entidad unos dos mil millones, la cifra fue mucho mayor.
LAS CUENTAS NO SALIERON
DECÍAN entonces Sánchez, Mayans y Balboa -y resultó cierto- que “la reforma hacendaria (de Calderón) sólo beneficia a 14 estados y 18 salen perdiendo, entre ellos Tabasco y Campeche”
Granier en cambio, después de oponerse, declaró convencido que Tabasco recibiría unos 3 mil 400 millones de pesos más…y perdió.
También la entonces senadora del PRD, Rosalinda López, sostuvo que la entidad “ni siquiera podrá recobrar lo que la inflación subirá cada año” y sería la que menos beneficios obtendría.
Aquella reforma, como usted sabe, cambió los criterios de aplicación del presupuesto y suprimió el fondo compensatorio por impacto petrolero establecido en los años ochenta. En aquel tiempo, se asignó a Tabasco aproximadamente el 7 por ciento de los recursos por esta vía, con la reforma aplicada en el 2008 disminuyó al 5.29, en este año será sólo de 3.21 por ciento hasta llegar al equivalente al porcentaje de la población con el total nacional: 2 por ciento.
Casualidad o no, el más beneficiado con el criterio poblacional fue el Estado de México.
En un documento emitido el 31 de marzo, una comisión del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabezada por Octavio Romero, anunció que recurrirían a la “resistencia civil” contra el despojo que vincula la reforma fiscal a la “entrega del petróleo”.
Indicaba el texto firmado por también por Javier May. María Fernanda Romero, Lorena Méndez, y Adán Augusto López: “Tabasco en la actualidad aporta diariamente 65 millones de dólares, que acumulados significan 23 mil millones de dólares al año, recursos que contribuyen al desarrollo y modernización de México, sin que la entidad reciba a cambio ninguna retribución fiscal o beneficios para un desarrollo a fondo de su economía y niveles de vida”.
El ahora senador Fernando Mayans recordó que cuando se votó la modificación que afecta a Tabasco, el PAN tenía mayoría en el Congreso y el PRI contaba con unos cien diputados, pero apoyaron la moción calderonista.
Ayer, unos 35 senadores y diputados federales, así como los diputados locales del PRD, Movimiento Ciudadano, PAN y PT, al igual que una independiente, entregaron un documento en el que exigen “Trato fiscal justo para Tabasco”. Ahí plantean que “en la revisión de las iniciativas de nuevas leyes y reformas a las ya existentes en materia fiscal sobre hidrocarburos, se busque mejorar los ingresos fiscales de las entidades productoras de Tabasco en lo particular”.
Ayer mismo, el gobernador Arturo Núñez Jiménez sostuvo varias reuniones con los coordinadores parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados para tratar el tema de “la vertiente fiscal de la reforma energética”.
Según las cuentas del INEGI, son nueve los estados productores de hidrocarburos entre los cuales siete tienen yacimientos de petróleo, siendo Tabasco –entre los que cuentan con yacimientos territoriales- el más importante en la actualidad.
En esta columna hemos referido varios datos respecto a la industria petrolera y Tabasco. Uno que me parece relevante es aquel que señala que mientras la actividad petrolera representa el 50 por ciento de la actividad económica, aporta menos del 10 por ciento en la creación de empleos.
Habrá que aprender del 2007-2008: Tabasco tiene que hacer algo más que recurrir a la buena fe y a las cuentas de la Federación.
DESTRABAR LA NEGOCIACIÓN
SE CUMPLIERON 18 días de manifestaciones de los grupos que reclaman una respuesta de Petróleos Mexicanos, encabezados por la diputada Verónica Pérez del PRD. Los inconformes, en su mayoría procedentes de Nacajuca y Jalpa de Méndez, se reunieron con representantes del gobierno federal en la Ciudad de México.
Los reportes son contradictorios. Por una parte se habla de buena disposición de las autoridades para resolver el conflicto y por otra de una ruptura del diálogo.
Lo que sin duda debe ocurrir es que tiene que desbloquearse la relación entre Pemex, las comunidades y el gobierno estatal. Está demostrado que mientras más tiempo transcurra las protestas se incrementan. En realidad lo del pozo Terra 123 es sólo un detonador de un conflicto mayor: la vinculación entre la industria petrolera y el desarrollo (o subdesarrollo) económico.
LA CORTE Y SUS DEFINICIONES
EL PRI TABASQUEÑO decidió el recurso legal ante la Corte para tratar de echar abajo la posibilidad de las candidaturas comunes establecidas en las leyes locales por mayoría del PRD. Según confirmó el diputado y dirigente tricolor Erubiel Alonso respaldaron la petición priísta los nueve diputados de su fracción y otros tres: Aracely Quevedo, actualmente en el Panal; la independiente Jovita Segovia y el petista Rogers Arias.
Será interesante conocer los criterios de la Corte. En 2010 aprobaron la desaparición de la figura de las candidaturas comunes en el Estado de México –la llamada Ley Peña-, pero no se pronunciaron en contra de la posibilidad de que éstas existan en la legislación.
Las candidaturas comunes se mantuvieron en la ley mexicana hasta 1988 a nivel nacional. A nivel local la posición de PRI ha sido ambigua: en algunos estados las apoya y en otros las rechaza. (
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