Escala Crítica/Columna diaria
*Un impuesto que representa un ingreso total de mil millones
*La lucha contra los sobornos e irregularidades, al revés
*Servicios y políticas pública para un país que envejece
Víctor M. Sámano Labastida
LA NOTICIA de que el año próximo se podría eliminar el Impuesto Estatal Vehicular (IEV) debe tomarse con reservas. Víctor Lamoyi, secretario de Finanzas, reiteró lo que ya se ha dicho en torno al tema: este gobierno cumplirá con su compromiso de campaña. Sin embargo lo puede hacer en el 2015 o en los años subsiguientes.
No debe ignorarse que ese gravamen representa actualmente ingresos por más de 350 millones de pesos al año. Es la tercera parte de lo que espera recibir el gobierno por el tan discutido fondo de hidrocarburos y de los impuestos de uso de suelo a las petroleras. “Corazón Amigo”, uno de los programas estrella de este gobierno en apoyo a discapacitados, convertido en Ley, requiere una inversión anual de 345 millones de pesos.
Tengo en entendido que por cada peso recaudado en impuestos locales el gobierno federal entrega otros dos pesos, lo que significa que la eliminación del IEV implicaría renunciar a casi mil millones de pesos…a menos de que se le sustituya por otro gravamen con han hecho algunos gobiernos en el país.
A propósito del balance realizado por Lamoyi Bocanegra ante los empresarios, un tema relevante por su impacto social y no sólo económico son los adeudos que dejó la pasada administración a proveedores, muchos de ellos pequeños empresarios.
Dijo el funcionario que si bien durante esta administración no hay nuevos adeudos con proveedores locales, aún faltan por pagar unos mil 500 millones de pesos. Según sus cuentas han sido ya saldados 800 millones de pesos.
Le decía que este aspecto no sólo tiene un impacto económico sino también social: hay pequeños empresarios que tuvieron que cerrar o están en riesgo de hacerlo, no olvidemos que esas miniempresas familiares son las que dan sustentabilidad a la economía local. Otro efecto político es que los afectados le cargan la responsabilidad al gobierno y no a los funcionarios anteriores.
Hay, por supuesto, casos en los que la contratación queda en presunción, porque –dijo el propio Lamoyi-, no fue documentada.
FISCALÍA O COMISIÓN
DURANTE su campaña a la presidencia Enrique Peña Nieto propuso la integración de la Comisión Anti corrupción. Recientemente el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, consideró que sería más eficiente una fiscalía contra la corrupción que sólo una comisión. Para el dirigente del PAN, Gustavo Madero, a cuyo partido es le ha involucrado recientemente en casos de corrupción, una Comisión Anticorrupción tendría que surgir de un acuerdo nacional semejante al Pacto por México.
Según reconoció el procurador Murillo Karam la corrupción es tan generalizada que es necesario atenderla desde sus raíces. Una comisión, insistió el titular de la PGR, no tendría capacidad de acción penal.
Quizá sucedería lo que ahora con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sólo emite recomendaciones pero no puede sancionar.
Por supuesto que el combate a la corrupción no se puede limitar sólo a la acción persecutoria y a los castigos. Estamos también ante un problema cultural y de la propia estructura del sistema. Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza la crítica permanente al gobierno federal y al pacto tripartita (PRI-PAN-PRD) descarta que el grupo en el poder tenga interés en combatirla.
De acuerdo a Transparencia Internacional, un organismo que estudia la rendición de cuentas en el mundo, México está entre los países con mayor corrupción. Esta situación en lugar de disminuir, aumentó entre 2012 y 2013. Otra encuesta (Consultora EY) indica que cuatro de cada diez directivos de empresa reconocen que deben pagar sobornos para ganar contratos en el país.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG del INEGI) refiere que la corrupción no se da por igual en todo el país. Entre las diez entidades con mayor porcentaje de sobornos se cuentan San Luis Potosí, el Distrito Federal y el Estado de México. Pero también se incluye a Chihuahua, Quintana Roo y Tabasco.
Este fenómeno aparece en todo los ámbitos de la vida pública y privada, pero el mayor porcentaje de experiencias de corrupción ocurre –señala el INEGI- en el contacto con autoridades de seguridad pública (50.6% de los casos), y en los permisos relacionados con la propiedad (24.8%).
Podríamos decir que los recientes procesos del 2013 y 2014 en contra de los ex funcionarios en Tabasco incrementó la percepción de la corrupción.
Haría falta un estudio sobre en qué estados realizan un efectivo combate a las malas prácticas.
Una de las acciones para disminuir la corrupción es sin duda eliminar todos los trámites superficiales y el burocratismo. Hacer más eficiente la administración es fundamental para quitarle pretexto a las acciones ilegales e irregulares. También habrá poner al revés la lucha contra este flagelo: comenzar arriba y no por los de abajo.
ETERNAMENTE JÓVENES
COMO USTED sabe, durante siglos se ha mantenido el mito de la eterna juventud. Pero es sólo un mito.
Lo que resulta una realidad es que la juventud es pasajera. La conmemoración del Día del Adulto Mayor fue oportunidad para asomarse nuevamente a la radiografía de un país que ya pasó de la niñez a la juventud y que ahora está en la transición demográfica a la adultez.
En términos generales se considera que la juventud abarca hasta los 24 años, aunque los programas oficiales toman como límite los 29 años. Aunque no se ha logrado ni se logrará prolongar la juventud, lo que sí han conseguido las sociedades es mejorar la esperanza de vida. En México pasó de 61 años en 1970 a 75 años en 2014.
Esto ha hecho que el porcentaje de los denominados adultos y adultos mayores se incremente en relación a los niños y jóvenes. Actualmente diez de cada cien mexicanos son mayores de 60 años. Unas 13 millones de personas.
En el 2050 es posible que 25 de cada cien habitantes de nuestro país sean adultos mayores. Será un porcentaje más grande que el de la población infantil.
El cambio en la composición demográfica, en el tipo de población, tiene impactos económicos y sociales. Porque deberán cambiar los servicios, los sistemas de Salud, de seguridad social y de pensiones.
Nuestro país se ha organizado para una población infantil y de jóvenes.
Podría decirse que los jóvenes de ahora tienen que estar construyendo las condiciones en las que vivirán en diez o quince años. (
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